Jr. Santa Aurelia N° 252, Urb. San Diego, Los Olivos - Lima - Perú
+5116918426
gerencia@jjvconsultores.com

Ampliaciones de Plazo o Suspensión de Contrato en tiempos de coronavirus

Empresa especializada en consultoría, supervisión, ejecución de proyectos de ingeniería y restauración de bienes inmuebles del patrimonio nacional

Ampliaciones de Plazo o Suspensión de Contrato en tiempos de coronavirus

decisiones con enfoque social

Mientras el Estado otorga una bonificación de S/ 380 a las poblaciones vulnerables y hace su mayor esfuerzo en atender a los que menos ingresos perciben; a las empresas que contratan con el estado se le podría reconocer los gastos generales y costos directos debidamente acreditados, generados durante el periodo de emergencia.

Una acción común que se esta realizando en todos los sectores productivos del país, es la modificación de los contratos cuya prestación no pueda realizarse, como consecuencia de la declaratoria del estado de emergencia en el Perú desde el 14 de marzo del 2020. Los contratos laborales (escritos y no escrito) se están modificando, buscando que los empleados y empleadores no se vean afectados, en el mejor de los casos. Consecuentemente, una vez que se termine el periodo de emergencia, las empresas que respetaron el pago de sus gastos generales a pesar de no tener ingresos o ventas, podrían presentar variaciones en los precios de los bienes y servicios. Injustamente, las empresas que despidieron a su personal o les aplicaron descuentos en sus planillas; mantendrán o acomodaran sus precios según lo que oferte la competencia.

El estado viene solicitando a las empresas cumplir con sus obligaciones para con sus empleados, y paradojicamente la sociedad o los clientes vienen solicitando a esas mismas empresas, facilidades para cumplir con sus obligaciones. Por mas debate económico, financiero o legal, parece que la solución depende de la decisión que adopte el empresario, que puede ser por altruismo, con el fin de no caer en perdidas o aminorar en parte sus utilidades.

Sin embargo, cuando se trata de un contrato público, en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado; donde el estado es el cliente, ocurre lo siguiente:

  • El estado pide a las empresas cumplir con la remuneración de sus trabajadores;
  • El mismo estado, contractualmente esta obligado a asumir los gastos que las empresas incurren durante el periodo de emergencia. Esto se llama: reconocimiento de gastos generales y costos directos debidamente acreditados

El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado ha indicado que la norma de contrataciones, prevé dos mecanismos: Ampliación de Plazo o Suspensión de Contrato; invocando a que se emplee lo que corresponda, según sea el caso.

Sin embargo, tanto la Ampliación de Plazo o Suspensión de Contrato, generan obligaciones para las partes, principalmente para el Estado; siendo el reconocimiento de los gastos generales y costos directos debidamente acreditados, sobre la que se reflexionará en el presente artículo.

Los días de inmovilización  social declarados por el gobierno, ha imposibilitado que se puedan cumplir con las prestaciones; siendo ello un hecho de fuerza mayor.

El artículo 1315 del Código Civil establece que: caso fortuito o fuerza mayor es la causa no imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso.

El artículo 1314 señala: quien actúa con la diligencia ordinaria requerida, no es imputable por la inejecución de la obligación o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso.

El artículo 1317 señala que el deudor no responde de los daños y perjuicios resultantes de la inejecución de la obligación, o de su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, por causas no imputables, salvo que lo contrario esté previsto expresamente por la ley, o por el título de la obligación.

Este ultimo párrafo es la base para entender que frente a una ampliación de plazo o suspensión del contrato, se obliga al Estado a asumir los daños y perjuicios resultantes de la inejecución de la obligación, porque la Ley de Contrataciones si establece sus consecuencias; es decir: reconocer los gastos generales y costos directos debidamente acreditados.

Un ejemplo de gran dimensión se da en las obras de construcción, donde los gastos generales son los sueldos de los profesionales, servicios de terceros, equipamiento estratégico u otros que estan asociados a la obra de manera indirecta a lo largo del tiempo; los que a pesar de la inamovilidad, la empresa mantiene y cumple con pagar. La norma prevé que se le reconozca al contratista esos gastos, debidamente acreditados.

En pocas palabras, en el caso de un contrato con el Estado, en la coyuntura actual, se tiene que: “el Estado declara Estado de Emergencia; el Estado pide a las empresas cumplir con el pago de sus gastos generales; el Estado reconocerá dichos gastos incurridos durante este periodo, debidamente acreditados”; ello en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado.

Algunas entidades del Estado plantean la Suspensión del Contrato, como un mecanismo para evitar reconocer la totalidad de dichos gastos; sin embargo, debe existir un lineamiento general, porque no debería darse el caso que para ciertas empresas si les otorguen y para otras no.

Asimismo, debe enfocarse esto, desde el punto de vista social, mientras que, se han hecho grandes esfuerzos por otorgar un bono económico de ayuda a las poblaciones mas vulnerables, el Estado por su propia legislación reconocería parcial o totalmente la planilla de las empresas con las que contrata; lo que quizá sea legal pero aumenta la brecha de desigualdad social, y sobretodo representará muchísimo dinero.

Si hasta el momento en que la causal finalice, el Estado no emite un pronunciamiento, estos gastos serían pagados en los días o meses siguientes; y a menos que como estado pensemos trasladar estos riesgos a China; como lo hace USA, debemos apelar a las decisiones del gobierno y nuevamente a la voluntad de las empresas, no olvidando dar un mensaje de igualdad social.

Ing. Enrique Escalante Zúñiga
CEO-FOUNDER at JJV Ingenieros Consultores SAC

Comenta y comparte...
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin

 

2 comentarios

  1. DEPENDE DEL TIPO DE CONTRATO… y del mismo profesional.. creo que en estos tiempos deberia primar la conciencia y la etica para servir a las necesidades de una determinada poblacion…

  2. El decreto supremo del Ejecutivo es claro, estado de emergencia nacional, toda la población a guardar cuarentena, incluído los profesionales claves, por lo tanto no le correspondería a estos reconocimiento alguno, con excepción de seguridad externa, pago de alquileres, carta fianzas y gastos de desmovilización, todo debidamente acreditado, filosofando un poco, los funcionarios de la Entidad tienen más miedo a perder la chamba q a su madre por lo que no van ha econocer los pagos a los profesionales durante la cuarentena,

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

 

Contactos: +51 1 6918426 - Whatsapp: +51991820826 - Correo: gerencia@jjvconsultores.com

Copyright ©JJV Ingenieros Consultores SAC - Derechos Reservados - 2018